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Irlanda compensará a una mujer por impedirle abortar

Irlanda compensará a una mujer por impedirle abortar

El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de determinar que Irlanda sometió a un trato degradante a una mujer a la que impidió abortar en 2010 pese a que el feto sufría malformaciones graves y no iba a sobrevivir.

En Irlanda, la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo penaliza el aborto incluso cuando existe malformación fetal incompatible con la vida.

En 2014 Siobhán Whelan presentó una denuncia contra el gobierno irlandés frente al Comité de Derechos Humanos de la ONU por no poder abortar en este supuesto. Finalmente ella pudo interrumpir su embarazo, pero tuvo que viajar al Reino Unido.

La resolución de este mismo Comité, adoptada el pasado 17 de marzo, ha determinado que Irlanda sometió a la mujer gestante a un trato “cruel, inhumano y degradante”. Dicho comité está compuesto por expertas y expertos independientes que han analizado si se han vulnerado los derechos de la irlandesa.

Siguiendo la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, se debería haber permitido abortar a una embarazada cuyo feto tenía malformaciones que le hubieran impedido sobrevivir. Por este hecho, el Comité ha dictaminado que Irlanda ha de compensar a la víctima, instando al estado irlandés a cambiar su normativa para que no vuelvan a vulnerar los derechos fundamentales de otras mujeres. Se trata de la segunda ocasión en la que la ONU se pronuncia a favor de una mujer que no ha recibido apoyo en Irlanda para el aborto terapéutico.

La ley en Irlanda prohíbe el aborto también en el supuesto de malformación fetal incompatible con la vida, es decir, aun sabiendo que el feto va a nacer muerto o va a fallecer al poco tiempo de nacer.
En el caso de Siobhán Whelan se conoció el diagnóstico en la semana 20 de gestación. Le dijeron que el feto tenía muchas probabilidades de morir en su útero o al poco tiempo de nacer debido a graves malformaciones. Las autoridades irlandesas, además de obstaculizar la interrupción de su embarazo, no le facilitaron la información ni la atención médica necesaria, fomentando su estigma. Ella, finalmente, tuvo que viajar a Reino Unido para someterse a la intervención en 2010.

Amnistía Internacional Irlanda realizó una encuesta según la cual el 80% de las personas encuestadas en dicho país reconocían que las mujeres y las niñas debían tener derecho al aborto, estando el 87% a favor de ampliar el acceso a la ILE.

La Octava Enmienda de la Constitución irlandesa recoge que el feto tiene el mismo derecho a la vida que las mujeres. La Asamblea de la Ciudadanía, un foro público del gobierno que se convoca para analizar y debatir temas de interés nacional, recomienda la supresión de dicha Enmienda. Para la reforma constitucional es necesario un referéndum.

Esta misma Asamblea propone que se reconozca el derecho al aborto durante las primeras semanas sólo por petición de la mujer y después contemplar varios supuestos (ley de plazos y legalización por otros motivos más avanzada la gestación, como en la mayoría de países europeos).

Amnistía Internacional exige despenalización total del aborto para cumplir con los derechos humanos. Gauri Van Gulik, directora adjunta para Europa de la entidad, afirma: “El gobierno irlandés debe prestar atención a la resolución que se ha dado a conocer hoy y comprometerse a respetar los derechos de las mujeres ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de derogar la Octava Enmienda en un referéndum.”

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