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La gratuidad de la IVE se garantiza por clínicas privadas

  • gratuidad del aborto

La gratuidad de la IVE se garantiza por clínicas privadas

El principio de gratuidad que perseguía la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo “está lejos de alcanzarse”. Así lo pone de manifiesto la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai) cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la norma. Un año en el que, aseguran, se han producido “desigualdades” debido a las “distintas interpretaciones que de la ley realizan los gobiernos autonómicos y a la falta de acción de un Ejecutivo que ha renunciado a supervisar la aplicación de su propia norma”, exponen en un comunicado.
 
Desde Acai señalan con el dedo a las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha, donde aseguran que la gratuidad de la Interrupción Voluntaria del Embarazo está siendo garantizada por las clínicas privadas y no por la administración. Según la asociación, los hospitales de titularidad pública pero gestión privada que operan en Madrid llegan a acumular un retraso en el pago a las clínicas de hasta 20 meses. En cifras, los siete centros acreditados en la Comunidad de Madrid acumulan un retraso de 2,5 millones de euros.
 
Prácticamente siete de cada diez abortos que practican las clínicas se hace con cargo al erario público. El problema radica en que las clínicas privadas reciben cada día mujeres para que se les practiquen abortos, coste que asumen los centros y que luego no se ve cubierto por la sanidad pública.
 
Representantes de varias clínicas acreditadas reconocen el “ahogo económico” al que han llegado para cubrir estas intervenciones y afirman que el retraso de estos pagos en algunas comunidades autónomas se produce porque no creen que la ley del aborto tenga que ser una prestación de la sanidad pública y, por ende, no pagan para obstaculizar la labor de las clínicas privadas.
Pero tampoco hay alternativa en la sanidad pública, al menos en algunas comunidades, pues aún se practica un número muy escaso de interrupciones voluntarias de embarazo: solo cinco de las 20.191 intervenciones en Madrid se realizaron en la pública, según datos de 2009 del Ministerio de Sanidad, el resto se derivaron a las siete clínicas autorizadas.

Si no se corrige esta situación, “los centros no podrán seguir garantizando la prestación a mujeres”, denuncian desde Acai, puesto que las intervenciones se están realizando a día de hoy “a costa del propio patrimonio y los créditos contraídos por las clínicas acreditadas”, insisten. También exponen que, de no modificarse el procedimiento actual, se podría llegar a la misma situación que viven las mujeres embarazadas en Cataluña donde han de adelantar el pago de su intervención, cuando uno de los ejes principales de la ley del aborto es garantizar la gratuidad de la interrupción voluntaria del embarazo.
 

Puesto que “la Consejería de Sanidad (de la Comunidad de Madrid) no ha recibido a los representantes de los centros”, indican desde Acai, y ha sido imposible el diálogo tras la remisión de varias cartas en los últimos meses, las clínicas han acordado lo siguiente: fijan el 15 de septiembre como fecha límite para recibir los pagos atrasados; de no ser así, han anunciado un posible paro por el que dejarían de practicar intervenciones a mujeres que lleguen derivadas de la sanidad pública. No obstante, se plantean como posible solución practicar abortos únicamente a mujeres con embarazos muy avanzados, de 21 o 22 semanas.

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