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La reforma de la Ley de Aborto de Gallardón: Del derecho a decidir a la obligación de ser madres

  • refoma ley del aborto

La reforma de la Ley de Aborto de Gallardón: Del derecho a decidir a la obligación de ser madres

La reforma de Ley de Aborto del Partido Popular cumple las expectativas exigidas por el sector más ultraconservador y ultracatólico de su electorado. Según el anteproyecto, en la práctica, el aborto no será posible de forma legal y segura ya que los requisitos burocráticos, legales y médicos exigidos hacen que el acceso al aborto sea prácticamente imposible para más del 90% de las mujeres que el año pasado abortaron en el Estado Español.
 
Se va a pasar de una ley de aborto de plazos, donde la decisión de interrumpir un embarazo sin alegar causa alguna es un derecho de la mujer (dentro de las primeras 14 semanas) a una ley donde el aborto es un delito. Lo que nos retrotratraería a más allá de la ley del 85 y a una ley de aborto de las más restrictivas de Europa junto con Polonia e Irlanda.
Supone por tanto una enorme agresión a los derecho de las mujeres y supondrá que muchas de las mujeres que van a abortar lo tendrán que hacer de forma clandestina e insegura, lo que significa poner en riesgo su vida y su salud.
 
Según el anteproyecto, el aborto es considerado un delito excepto en dos supuestos: 1) violación, bajo el cual la mujer podrá abortar dentro de las primeras doce semanas de gestación y 2) grave riesgo para la salud psíquica y física de la mujer. Dentro de este supuesto será necesario, en cualquier plazo de gestación y en cualquier circunstancia incluso ante anomalías fetales incompatibles con la vida, dos informes emitidos por dos médicos ajenos al centro donde se realizará el aborto y en los que se “acredite” los peligros que afecten a las mujeres, tanto físicos como psíquicos.
 
Desde ACAI (asociación de clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria de embarazo) denuncian que “se está creando un filtro ideológico” ya que en muchos casos es muy difícil acreditar de forma rotunda que una determinada anomalía que puede sufrir el feto (excepto casos clarísimos como las anencefalias) vaya a producir “un menoscabo no reversible y duradero “en la salud de la mujer. Acreditar esto por parte de un profesional médico resulta a veces muy complicado.
 
Otra de las críticas al proyecto de ley es la de establecer como requisito la necesidad de presentar informes y dictámenes de profesionales médicos ajenos al centro donde se realiza el aborto, según ACAI esto “implica someter a las mujeres al arbitrio ideológico de los profesionales que lo integren, pudiendo llegar a convertirse, en función de quienes formen dichos comités, en auténticos centros de estigmatización y culpabilización de la mujer”.
 
Según el Ministro Gallardón, esta reforma de Ley, no supondrá reproche penal alguno para la mujer. Su argumentación es que la mujer es una víctima, necesitada de tutelaje y por lo tanto tratada como incapaz de decidir. Pero sí abra reproche penal para los profesionales médicos que la incumplan lo que provocará una gran inseguridad en estos profesionales que se lo pensarán muy mucho antes de arriesgarse a realizar un aborto.
 
La reforma del aborto del Partido Popular convierte el aborto en un delito para la inmensa mayoría de mujeres que el año 2011 decidieron interrumpir un embarazo que no deseaban, esto supondría que las 108.000 mujeres que en el año 2011 abortaron no hubieran podido hacerlo bajo el nuevo proyecto de ley y se las hubiera obligado a ser madres contra su voluntad, a migrar a otros países para abortar de forma segura o hacerse abortos clandestinos e inseguros. Esta es la realidad que el proyecto de ley de aborto nos ofrece a las mujeres.
 
Por último la reforma contradice las resoluciones internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos de Naciones Unidas, y la resolución 1607 (2008) del Consejo de Europa, que reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho en Europa.

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