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Peticiones para garantizar el acceso al aborto seguro

Peticiones para garantizar el acceso al aborto seguro

Ayer 28 de septiembre se celebró el Día Internacional de Acción Global por la Despenalización del Aborto.  

Esta misma semana la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha lanzado un comunicado especificando los factores imprescindibles para que la prestación sanitaria del aborto provocado sea segura.

La asociación critica la reforma de la ley del aborto que exige que las jóvenes de 16 y 17 años deban contar con el consentimiento de sus tutores/as para abortar. Esta modificación impide que las menores en situación de desamparo accedan a una ILE segura. Exigen la derogación de esta reforma para reconocer a las jóvenes su autonomía y derecho a decidir.

También consideran innecesario el periodo de tres días de reflexión cuando una mujer ha decidido abortar, ya que debe agilizarse el proceso dentro de las semanas donde el plazo es de libre elección.
Por otro lado, ACAI, demanda aplicar y dotar de presupuesto el Título I de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, dedicado a políticas preventivas.

Consideran imprescindible que exista una asignatura obligatoria de Educación Sexual y que se garantice el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, independientemente del territorio y el país de origen. También se debe prestar especial atención a prevenir los embarazos no planificados en población adolescente. Estas medidas disminuirían el número de abortos.

Otra de las peticiones es que la interrupción del embarazo se realice por profesionales médicos con conocimientos y formación específica acreditada en aborto provocado. Estos/as médicos/as estarían en de unidades específicas y especializadas dentro de las cuales todas las personas integrantes apoyen la realización de IVE´s.

Aunque ACAI considera que el hecho de que el aborto esté dentro de la sanidad pública es “un paso adelante en la defensa de los derechos de las mujeres”, podría ser un retroceso si recae en personas sin “experiencia, capacitación y voluntad”.

ACAI pone de manifiesto que en el temario de las carreras de Medicina o Enfermería no aparece el aborto provocado, ni tampoco existe formación al respecto durante las diferentes especializaciones. Demanda la aplicación de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que contempla la capacitación al respecto de profesionales relacionados/as con dicha práctica sanitaria. De no realizarse, no habrá relevo generacional.´

Esta formación ha de incluir el método instrumental y el farmacológico. Actualmente, los centros públicos están favoreciendo el método farmacológico. En muchos  casos, ya sea por la propia preferencia de las mujeres, su historial médico o su situación, sería más indicado el método instrumental.  Los motivos para no aplicarlo pueden ser de naturaleza económica, por falta de capacitación o por el propio estigma que supone este tipo de interrupción del embarazo. Las mujeres deben ser informadas de ambos métodos y poder decidir libremente ante ambas opciones disponibles, si bien ACAI no se posiciona por una técnica u otra. La Administración y las autoridades sanitarias han de valorar los protocolos de actuación y atención de la interrupción voluntaria del embarazo.

Sobre la objeción de conciencia, recalca que para que la prestación del servicio sea garantizada, se debe facilitar a las mujeres una alternativa viable siempre. La objeción de conciencia debe ser individual y nunca colectiva. Y hace hincapié en que la naturaleza de esta objeción en el estado español no es por motivos religiosos o éticos. Se evita realizar abortos, especialmente en la sanidad pública, por cuestiones de prestigio profesional.  No se trata de una prestación normalizada sino estigmatizada, tanto para médicas/os como para mujeres.

Por último,  piden “tolerancia policial 0”, con los grupos ultra conservadores y radicales que se manifiestan frente a las clínicas y acosan a las mujeres, superando los límites de la libertad de expresión y reunión.  Exigen que exista un delito de “obstaculización al aborto voluntario” del mismo modo que está tipificado en la ley francesa (Lei Neirtz).

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