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Un caso de aborto por violación levanta controversias en Argentina

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Un caso de aborto por violación levanta controversias en Argentina

El aborto está prohibido en la mayor parte de América Latina y, de los que se practican, prácticamente la totalidad (95%) son inseguros según un estudio copatrocinado por la Organización Mundial de la Salud. Apenas hay un par de países latinoamericanos que permiten la interrupción voluntaria del embarazo.
 
En el caso de Argentina, se realizan alrededor de 500.000 abortos al año, incluyendo los espontáneos y muchas mujeres de poder adquisitivo elevado eligen la intervención en clínicas privadas bajo el pretexto de una operación de apéndice.
 
No obstante, las víctimas de violación sí tienen derecho a abortar en Argentina bajo la ley. Pero según un reciente caso, la Corte Suprema tuvo que intervenir para asegurar a una mujer que afirmaba que había sido secuestrada, violada y obligada a prostituirse poder interrumpir su embarazo. De hecho, el pasado mes de marzo la Corte Suprema de Argentina dictaminó que el aborto es legal para todas las víctimas de violación y aseguró que una declaración jurada de la mujer o de su representante legal es prueba suficiente para demostrar que el embarazo fue fruto de una violación.
 
Este caso suscitó las más diversas controversias entre la población de uno de los países más liberales de América Latina, precisamente cuando Mauricio Macri, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, dio a conocer que el primer aborto legal bajo la ley de la Ciudad por un nuevo protocolo iba a tener lugar.
 
A raíz de este anuncio, un grupo de activistas se manifestaron delante de la casa de la afectada y posteriormente también a las puertas del hospital donde se iba a realizar la intervención.
 
La respuesta positiva de la Corte Suprema para realizar la intervención fue calificada por Amnistía Internacional como “un paso adelante” para los derechos de las mujeres aunque también añadieron que los retrasos en el procedimiento equivalen a “tortura y trato cruel, inhumano y degradante”.
 
El mes pasado, el gobierno de Macri emitió un protocolo que permitía los abortos en Argentina durante las 12 primeras semanas de gestación. Pero grupos de opositores respondieron con una normativa legal que borraba ese límite y permitía a mujeres a partir de 14 años abortar incluso sin el consentimiento de los padres, argumentando que la mayoría de los embarazos por violación suceden cuando las víctimas sufren abusos de sus parientes.
 
En cambio, otras provincias han puesto condiciones más severas para que las víctimas por violación tengas acceso a un aborto en Argentina legal. En definitiva, “según donde viva la mujer va a tener un derecho o no, y esto es lo que no podemos permitir”, dice Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

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