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Una clínica acreditada en Valencia suspende sus servicios por la deuda del Consell

  • clinica de aborto en valencia

Una clínica acreditada en Valencia suspende sus servicios por la deuda del Consell

La falta de pago por parte de las comunidades autónomas está ahogando a las clínicas privadas acreditadas para llevar a cabo interrupciones voluntarias de embarazo. Uno de los últimos ejemplos está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, donde la deuda asciende a  más de 400.000 euros.
 
Esta situación ha provocado que Mediterránea Médica, una de las tres clínicas privadas autorizadas para practicar abortos y que además lo hacía hasta las 22 semanas de gestación, haya anunciado que dejará de prestar sus servicios hasta el próximo 30 de septiembre como medida de presión.
 
Josep Lluís Carbonell, director de la clínica, asegura que sus 20 trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar por estos impagos aunque ha advertido que durante el tiempo de paro en la clínica, habrá servicios mínimos para que ninguna mujer sobrepase el límite legal. Calcula que ocho de cada diez abortos son de mujeres remitidas por centros dependientes de la Consellería de Sanidad, y esto son aproximadamente 120 abortos al mes.
Carbonell, que además es vocal de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), ha explicado en rueda de prensa que el Gobierno valenciano sólo ha abonado el 65% del importe correspondiente a 2010 y 2011 y que lleva siete meses de 2012 sin pagar.
 
Desde ACAI informan que tampoco se puede hacer frente al pago de los proveedores de suministros y medicamentos, a quienes no se pueden abonar las facturas desde hace seis meses. Además, aseguran que esta situación no se puede subsanar con financiación bancaria “ya que en estos momentos se encuentra cerrada la vía del crédito no solo para las clínicas de aborto, sino para cualquier otra mediana o pequeña empresa”.
 
Servicios mínimos
 
No obstante, los centros ACAI han anunciado que mantendrán servicios mínimos para atender a las usuarias que se encuentran en el límite de la interrupción por voluntad propia (establecida en 14 semanas), así como a aquellas mujeres que, afectadas por patología fetal, pueden llegar a superar las 22 semanas de gestación (límite legal).
 

Por otra parte, el cese de actividad hasta que se reanude el próximo 1 de octubre, “no afectará a las mujeres que accedan de manera privada ni a las usuarias derivadas por los centros comarcales o por otras autonomías como Murcia”, constatan desde ACAI. Sin embargo, calculan que el porcentaje de mujeres afectadas rondará el 85% por lo que serán los propios profesionales de estos centros acreditados quienes informen a las usuarias de las opciones que tienen a su disposición.

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